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Juntos, los relatores de la ONU llamaron al Senado mexicano a rechazar una legislación que debilitaría los derechos humanos

Ciudad de México.- Por primera vez, siete mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se unieron en un posicionamiento para rechazar la Ley de Seguridad Interior.

Juntos, los relatores de la ONU llamaron al Senado mexicano a rechazar una legislación que debilitaría los derechos humanos.

“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”, alertaron.

“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la Ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público”.

La ambigüedad del texto y la falta de controles permitiría la violación de derechos humanos y el uso de la fuerza en contextos de protestas, advirtieron.

Recordaron que, por años, Naciones Unidas ha instado a México a restringir el papel de las Fuerzas Armadas y a investigar su participación en graves violaciones, como desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

En lugar de la ley, se deberían fortalecer las autoridades civiles, las fuerzas policiales y la investigación de todas las violaciones a Derechos Humanos.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, expusieron.

El posicionamiento lo firman el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Además, Joe Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales; Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y David Kaye, relator especial sobre la libertad de expresión.

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