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Liberará Nuevo León a 1,400 reos
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Esto pese a que la capacidad conjunta de los penales del Topo Chico, Apodaca y Cadereyta, es de poco menos de 6 mil espacios

Monterrey, NL.- Tras admitir que los penales del Estado son una bomba de tiempo, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, informó que buscan despresurizarlos sacando de ellos a unos mil 400 internos en los próximos meses.

Según el anexo estadístico del Segundo Informe de Gobierno, presentado en octubre pasado, la población de los tres penales en el Estado era al mes de agosto de 7 mil 150 reos.

Esto pese a que la capacidad conjunta de los penales del Topo Chico, Apodaca y Cadereyta, es de poco menos de 6 mil espacios.

Sin detallar plazos, González dijo ayer que la despresurización de los penales es un tema prioritario que están discutiendo con el Tribunal Superior de Justicia.

“Tenemos en este momento alrededor de 600 casos de preliberación que no han sido atendidos con la actitud que debería de ser por parte del Poder Judicial”, expresó el funcionario, durante el Segundo Diálogo Anual con la plataforma Gober, ¿Cómo Vamos?.

“Yo hablé con el presidente del Tribunal (Francisco Mendoza) pidiéndole que por favor revisáramos a detalle la posibilidad de que estos 600 reos puedan salir del penal con su preliberación”.

Otros 800 casos, añadió, son internos que podrían abandonar los centros penitenciarios bajo medidas cautelares especiales, como brazaletes electrónicos.

“En el presupuesto (2018)”, expresó, “ya viene la compra de brazaletes y de utensilios que van a servir para que con otras medidas cautelares se permita que estos otros reos salgan de los penales y cumplan (su sentencia) con la medida cautelar de esa manera”.

Durante el Diálogo con organismos de la sociedad civil, Patricia Basave, de la agrupación Tejedoras de Cambios, cuestionó las acciones del Gobierno para mejorar las condiciones en los penales, a los que calificó como bombas de tiempo tras los disturbios que han dejado más de 70 muertos en los dos años que lleva la Administración estatal.

“Llevamos tiempo diciendo que las cárceles de México, y en particular las de Nuevo León, eran bombas de tiempo”, enfatizó la activista, “y nos hemos dado cuenta que esas bombas estallan y con saldos trágicos”.
En su respuesta, González señaló que el Estado intenta reducir los riesgos también por la vía de ampliar sus instalaciones.

Sin mencionar que está temporalmente descartada la construcción de un nuevo penal, como estaba previsto en el municipio de Mina, el funcionario señaló que hay un proyecto para hacer ampliaciones en los tres centros penitenciarios, con una inversión de mil 500 millones de pesos.

“Estamos muy cerca a las soluciones de acuerdo a las posibilidades económicas que tenemos”, expuso.

Durante el diálogo, en el que participó el Gobernador Jaime Rodríguez y todo su Gabinete, las agrupaciones civiles cuestionaron la baja evaluación que obtuvo Fuerza Civil en cuanto a la aprobación de sus policías con las pruebas de control y confianza.

El Secretario de Seguridad, Arturo González, dijo que 311 elementos que no aprobaron sus pruebas están en proceso de ser dados de baja, y por lo pronto no tienen funciones operativas ni de contacto con la población.

“No se encuentran realizando labores operativas, no están en contacto con la ciudadanía, prestan su servicio dentro de las instalaciones”, afirmó.

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