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El horror del ‘Yugo Zeta’ en Coahuila
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El horror del ‘Yugo Zeta’ en Coahuila

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Era un búnker del hampa el penal de Piedras Negras.

altillo, Coahuila.- La presentación del informe Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011, publicado ayer por los investigadores Jacobo Dayán y Sergio Aguayo, revela pasajes de horror y violencia extrema que se sufrieron en la entidad, especialmente en la zona norte.

La investigación, auspiciada por el Colegio de México mediante el Seminario sobre Violencia y Paz, arrojó información inédita, “por ejemplo, –que– en el taller de hojalatería y pintura del penal de Piedras Negras los automóviles de los criminales eran adaptados para enviar la droga a los Estados Unidos y que en el taller de costura se manufacturaban uniformes –apócrifos– del Ejército”, aseguró Jacobo Dayán, uno de los autores del informe.

El informe consigna que “la ciudad más castigada por el crimen no fue Allende sino Piedras Negras […] hubo quema de personas no nada más en el penal sino también en la ciudad”, afirmó Dayán, acompañado por el coautor del documento, Sergio Aguayo, ambos miembros del Colegio de México.

La información a la que tuvo acceso el Colegio de México es producto de un convenio firmado por el Gobierno del Estado de Coahuila, la Academia Interamericana de los Derechos Humanos, el Colegio de México y la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.

Rubén Moreira manifestó su disposición para aclarar y participar en cualquier tipo de indagatorias sobre temas de la entidad y reafirmó su compromiso de luchar contra la delincuencia.

Reviven momentos clave 

Entre 2010 y 2011 a la prisión estatal de Piedras Negras entraban vacas vivas cuya carne era para armar fiestas del cártel de Los Zetas, entraban vehículos que eran modificados para transportar droga, personas secuestradas, cadáveres para ser quemados.

Los únicos que no pudieron entrar, “por la inseguridad al interior de la cárcel”, en 2011, fueron los visitadores de la CNDH, quienes por calificación le dieron un cero.

El penal de Piedras Negras funcionó como un búnker para el cártel, de acuerdo con el informe El Yugo Zeta, elaborado por El Colegio de México y avalado ayer por el Gobierno del Estado.

La información que alimenta este trabajo emana de los expedientes de la investigación que el Gobierno estatal realiza por esos acontecimientos.

“El control de los Zetas en Coahuila era total”, dijo el analista Jacobo Dayán, coautor del estudio junto con el investigador Sergio Aguayo.

El informe resalta que el penal era un centro de negocios que le daba hasta 75 mil dólares anuales al grupo delictivo, y les servía también para reclutar sicarios, para esconderse de la policía y para castigar a sus rivales.

La cooperación de la Administración estatal permitió abrir los archivos, y que el Colegio de México tuviera toda la información para realización de esta investigación, que ayer se presentó desde la Ciudad de México.

Lo anterior es producto de un convenio firmado por el Gobierno del Estado, la Academia Interamericana de los Derechos Humanos, el Colegio de México y la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV).

Entender lo sucedido

De acuerdo a los datos aportados, es la primera vez en el país que un Gobierno estatal abre archivos para realizar una investigación a académicos, al reconocer la seriedad de los realizadores.

Jacobo Dayán comenzó desmitificando que la masacre de Allende fuera el evento más cruel y con mayor cantidad de víctimas del crimen en Coahuila, “en Piedras Negras se quemaba a personas fuera del penal, dentro de la propia ciudad”.

Al interior del propio centro penitenciario, según los hallazgos del informe, se fabricaban uniformes apócrifos, estrellas y picos para ponchar llantas, y se modificaban automóviles para adaptarlos y poder cargar en ellos droga que tenía como destino la Unión Americana.

Sergio Aguayo, coautor, reconoció que debido a la información generada por el Gobierno de Coahuila, así como a las entrevistas al gobernador Rubén Moreira, fue posible obtener información determinante para este trabajo, al expresar a los investigadores su interés por entender lo sucedido en el pasado reciente de Coahuila y sus índices delictivos.

Adentro del penal, los criminales fundaron un sistema alterno que funcionaba con el consentimiento de la autoridad; el centro penitenciario de Piedras Negras sirvió al crimen como lugar de reclutamiento, escondite de las autoridades federales, campo de exterminio y también para vacacionar y descansar alguna temporada de la actividad criminal o de estar prófugo de la justicia, narra el informe.

“Hubo libertad académica (para efectuar la indagatoria) y entregamos un borrador a quienes colaboraron con nosotros”, externó Sergio Aguayo durante la presentación.

También destacó que el informe está limitado en el tiempo, que ahora tocará analizar el modo en que Coahuila logró pasar de la violencia a la paz.

Entran a debate

En el evento estuvieron presentes además de los autores del informe, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, y la tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva, ambas dependencias de protección a las garantías individuales.

En representación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) asistió el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), Luis Efrén Ríos Vega.

Por parte de las víctimas, acudió la representante de las Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras, Ariana García; y para darle voz a la autoridad estatal, fue invitado el titular de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno de Coahuila, Federico Garza Ramos.

Al terminar la presentación de los datos del informe, el presidio y el público se convirtieron en un campo de plantemientos.

“Que no se malentienda, que porque está el Gobierno de Coahuila en la presentación el informe viene blandito”, advirtió Sergio Aguayo, quien moderó el encuentro e hizo hincapié en el agradecimiento a las autoridades tras facilitar los datos para elaborar el documento, pero reconoció que “hubo presiones para que no hubiera este acuerdo –entre el Gobierno y los investigadores– para hacer este informe duro”.

La representación de las víctimas estuvo a cargo de la abogada Ariana García, quien reclamó la forma en que las autoridades han procedido en el tema de las desapariciones forzadas, tema específico con el que chocó contra los argumentos del representante del Gobierno.

Ariana García pidió también que no se hable de los hechos en Piedras Negras como si estos ya no sucedieran.

“Las de las víctimas exigen la verdad histórica de los hechos”, continuó García.

Federico Garza Ramos, representante de la autoridad estatal en la mesa, comenzó agradeciendo la oportunidad de replicar sobre lo que se discutió en el informe y adelantó que “no vamos a negar el pasado”, reconociendo que en el centro penitenciario fronterizo de Coahuila hubo evidentes violaciones a los derechos humanos.

Además de informar sobre los avances en los trabajos de búsqueda de desaparecidos, Garza Ramos aseguro que el Gobierno coahuilense “niega que los hechos ocurridos en la entidad sean crímenes de lesa humanidad y nos sorprendió el informe emitido por la Universidad de Texas, porque lo hicieron organizaciones con las que el propio Gobernador se ha reunido y trabajado”.

El encargado de Derechos Humanos del Gobierno de Coahuila dijo que el penal de Piedras es el tercero con mayor seguridad según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que “la ciudad es una de las que mejor percepción tienen de seguridad”.

Federico Garza aseguró que “este sábado, el propio Gobernador se fue a cortar el cabello al penal de Piedras Negras, prueba de la seguridad que existe”.

Jamás repetirse

La tercera visitador de la CNDH, Ruth Villanueva, pidió que lo sucedido en el norte de Coahuila siga observándose para que no vuelva a pasar, además de advertir que “en los centros penitenciarios hay autogobierno, hacinamiento y violencia, y todo eso termina en situaciones como las del penal de Piedras Negras”.

Villanueva adelantó que en próximas fechas, la Comisión emitirá una recomendación al penal en cuestión: “el penal de Piedras ha tenido un cambio, en la actualidad tiene 6.81 de calificación, todavía hay mucho por hacer…”.

Mientras que el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), Luis Efrén Ríos Vega, manifestó que Coahuila es hoy un espacio donde hay colectivos que generan agenda de trabajo, en donde además el Gobierno estatal ha abierto la investigación para tener la posibilidad de un banco de datos.

Entre una y otra participación, los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán aderezaron el debate con comentarios certeros y duros.

Aguayo comparó al penal de Piedras Negras con un gulag soviético (campos de concentración donde se violaron los derechos humanos de miles de personas en la extinta Unión Soviética), mientras que Dayán concluyó que ni las autoridades ni la sociedad se olviden ni minimicen el informe, porque no son hechos aislados.

2009-2011

Así se sufrió el embate del crimen

En un memo de 2003, la Administración para el Control de Drogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) aseguraba que Los Zetas (en ese entonces brazo armado del Cártel del Golfo) ya controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila.

Y para 2010 y 2011, el control sobre el norte del estado era total, donde los municipios se encontraban ya sometidos. Más aún, el penal de Piedras Negras era un virtual campo de exterminio.

A ello se sumaba que el Gobierno estatal era omiso y algunos de sus funcionarios incluso cómplices. La Federación se mostraba indiferente y displicente, en un ambiente en que la mayoría ignoraba a las víctimas.

La violencia de Los Zetas descrita arriba fue responsabilidad de la DEA y de la Policía Federal, entidades que se niegan a revelar la identidad de los implicados, según la investigación El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011.

Tres vertientes

Con base en reportes periodísticos, así como en información inédita obtenida de otros archivos y testimonios, ambos especialistas explican lo ocurrido en el norte de Coahuila a través de tres vertientes: lo sucedido en la cárcel de Piedras Negras, la dimensión que tuvo la venganza Zeta iniciada el 18 de marzo de 2011 y la responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos en esa masacre.

El Yugo Zeta ofrece una explicación detallada sobre la vida, la disciplina y la muerte al interior del penal de Piedras Negras, una prisión controlada por Los Zetas.

Dicho expone el expediente APP 005/2014-BIS, de mil 535 folios, facilitado por la Fiscalía General del Estado (FGE), documento que contiene las declaraciones ministeriales de 11 integrantes de Los Zetas, 49 internos, 21 custodios y 18 empleados del penal. En total 119 implicados en esta trama de venganza y muerte.

La cárcel era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, los gobiernos estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario. En 2011, el presupuesto destinado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos.

Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, Los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región. Desde Allende y Piedras Negras se hicieron en esos cinco días cerca de mil 451 llamadas al teléfono de emergencia 089.

La trama que apunta a la responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos en la venganza zeta opera así: ellos compran los narcóticos que los cárteles mexicanos envían, y en pago suministran a los sicarios las armas que los hacen tan letales, al tiempo que han impuesto al Gobierno mexicano una estrategia errónea.

Fuerzas enfrentadas

El Cereso de Piedras Negras derivó en un enclave criminal, uno de los espacios que John Sullivan define como “zonas sin ley”, “espacios sin gobierno” o “zonas de impunidad”, donde fuerzas enfrentadas al Estado crean soberanías paralelas o duales en un sistema político “neofeudal”.

Este enclave era vital para la organización Zeta, debido a que era un refugio seguro para los capos que deseaban esconderse de los federales fuera de la nómina criminal; igual servía para obtener ingresos vendiendo drogas, refrescos y hasta chicharrones, cobrando cuotas por el uso de las celdas o rentando los cuartos utilizados para la visita conyugal.

También proporcionaba a Los Zetas un lugar discreto y seguro para instalar los compartimentos secretos en los automóviles que llevarían drogas a Estados Unidos, al tiempo que servía de base para reclutar sicarios.

Finalmente era un centro ideal para confinar temporalmente a los secuestrados y torturar y ejecutar a elementos de bandas rivales y desaparecer sus cadáveres.

El penal dependía de un zeta identificado como David Loreto Mejorado, el “Comandante Enano” (o “Nano”). Él o sus superiores nombraban al responsable de manejar el lugar.

Este “jefe de cárcel” fue nombrado en diciembre de 2009 y gobernó el Cereso hasta enero de 2012. “El Nano” además, fue policía municipal.

Para cumplir con sus encomiendas, el “jefe de cárcel” tenía un equipo de 92 colaboradores, entre lugartenientes, escoltas y mandaderos.

Depósito y taller

Los Zetas tenían su propia cárcel dentro del penal: era conocida como “El Monte” y se ubicaba en el área de máxima seguridad del penal. Ahí metían a los internos que cometían alguna infracción y a los secuestrados del exterior mientras se negociaba el pago del rescate.

El lugar podía estar muy concurrido, ya que en una ocasión llegaron a tener 50 internos castigados.

Tanto control era posible por el tipo de armamento a su disposición. Los custodios andaban desarmados, a excepción de los jefes de turno y los comandantes.

Lo opuesto sucedía con Los Zetas, quienes portaban armas cortas y radios de comunicación que les permitían controlar todas las áreas del penal. Periódicamente entraban Zetas del exterior con armas largas.

La cárcel también operaba como un depósito de drogas y, según las declaraciones rendidas en los juicios en Estados Unidos y analizadas por un equipo de la Universidad de Texas en Austin, a cargo de Ariel Dulitzky, los criminales contaban con un taller para “arreglar” autos y adaptarlos para transportar, vender y distribuir estupefacientes.

El penal de Piedras Negras también era un centro de consumo de narcóticos. Al reconocer este hecho, el “jefe de cárcel” explica que el abastecimiento se hacía a la vista de todos.

Había negocio

Según el expediente de referencia, Los Zetas gastaban aproximadamente un millón y medio de pesos al año en pagos al personal directivo y de seguridad.

Un factor medular para el cártel era el control de los talleres del penal. En el de hojalatería y pintura –el más importante, en opinión de Aguayo y Dayán– se adaptaban los autos para introducir la droga a Estados Unidos.

Llegaban vehículos robados o comprados. Entonces, los reparaban, pintaban, polarizaban y, si se requería, se les cambiaba el número de serie.

Un interno que trabajó en ese taller cuenta que él arregló alrededor de 150 o más vehículos. El negocio era redondo porque la pintura la robaban a un comercio y las autopartes utilizadas eran desmanteladas en un taller de grúas, todo en Piedras Negras.

Por su parte, el taller de costura tenía una función bélica importante. Hacían uniformes de tipo militar en colores verde y arena, trajes de la Marina, vestimenta de Gafes (fuerzas especiales coahuilenses) y de la AFI, ropa que usaban Los Zetas en sus operativos.

También manufacturaban fundas para chalecos antibalas, fornituras, cintos de tipo policial, tirantes para colgar armas largas, fundas para cargar pistolas y cargadores. Era el único taller en el que trabajaban algunas mujeres.

Según un reo, cada semana llegaba un vagón, dejaba rollos de tela y cargaba todo lo que se había producido.

Escondite

El control del penal era tal que hay indicios de que al menos uno de los dos hermanos que dominaba la región, en este caso Omar Treviño Morales, “El Z-42”, se escondía en la cárcel cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo.

La ironía al desnudo: La prisión era el lugar más seguro para criminales perseguidos por federales que no estaban en su nómina, ya que las fuerzas federales sólo entran a prisiones estatales a solicitud del director del penal.

El oficio

También había momentos para la celebración. En ocasiones, ingresaban al penal los jefes grandes y hacían fiestas, con música y mujeres. La fiesta podía durar todo el día y toda la noche, y en algunas ocasiones llevaban vacas y las mataban adentro de la cárcel “para darle de comer a toda la raza”.

En caso de necesidad, el “jefe de cárcel” autorizaba la salida del penal de algunos Zetas para comprar cervezas o visitar a sus familias.

Sin embargo, la situación dentro del penal llegaba a extremos: El “jefe de cárcel” cuenta que la primera vez que llegaron Los Zetas con cuerpos de sus víctimas para incinerar, “El Comandante Enano” los amenazó con hacerles lo mismo a ellos y a sus familias. Pero aprendieron el oficio.

Con el tiempo se estableció una rutina. Al llegar a la zona de talleres, el “Jefe de Cárcel” y su gente bajaban a las víctimas vivas o muertas. Agarraban los cuerpos y los depositaban en el suelo, ya que el cuerpo estaba dentro del tonel, comenzaban a ponerle diésel para luego prenderle lumbre, “y así uno se la pasaba poniéndoles diésel”.

También explica que, cuando se “cocinaba” a las personas, “estas se iban haciendo chiquitas y se les iba picando con un fierro hasta que no quedaba nada… (luego) se empinaba el tonel para vaciar los residuos en el suelo (…) que la mera verdad era muy poco”.

Sin distinción

Sobre las víctimas, los testimonios hablan de que en muchos casos se trataba de “chapulines” (vendedores de droga ajenos), personas que les debían dinero, familiares de ambos y otras personas sin vínculo alguno con Los Zetas ni con actividades criminales.

Ahí fueron desaparecidos habitantes de Piedras Negras, de Acuña, de los Cinco Manantiales (Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza) y otros municipios cercanos.

Se habla de hombres, mujeres, mayores de edad, jóvenes e incluso niños y ancianos, así como de una mujer con un embarazo de unos siete meses.

Está cárcel también servía como base social para el reclutamiento de sicarios. En la venganza que se desató el 18 de marzo de 2011 –razón del estudio de los investigadores Aguayo y Dayán–, la cual afectó a Allende, Piedras Negras y toda la región de los Cinco Manantiales, se documentó la participación de presos.

Efectos extendidos

Según testimonios, había algunos internos que entraban y salían a placer de la cárcel. Un evento confirmó esta práctica: En septiembre de 2012 los medios de comunicación informaron sobre la fuga, a través de un túnel, de casi una quinta parte (129) de los internos del penal de Piedras Negras, quienes emplearon sólo 15 minutos en la huida. Declaraciones contenidas en el expediente de la Fiscalía y de los juicios en Estados Unidos señalan que la fuga se consumó porque el “jefe de cárcel”, ya recluido en Saltillo, “necesitaba gente para trabajar”.

Sin embargo, la violencia en Saltillo originada por la venganza Zeta en el norte de Coahuila se acrecentó el 15 de febrero de 2011, cuando Los Zetas ejecutaron al agente de la DEA Jaime Jorge Cortés, en San Luis Potosí.

Luego de ese hecho, Washington exigió el fin a la impunidad de Los Zetas, y entonces los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama lanzaron un operativo binacional que en 12 días condujo a la detención de centenares de personas.

Los Zetas se sintieron traicionados por el ataque y Saltillo vivió una etapa cruenta que alteró el equilibrio de la capital y llegó a niveles sin precedentes de violencia.

Simultáneamente, la DEA presionaba a un capo en Estados Unidos para que les entregara información que permitiera la captura de “El Z-40” y “El Z-42”, los jefes en el norte de Coahuila.

La obtuvieron y el viernes 11 de marzo de 2011 un alto funcionario de la DEA envió a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares de Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar (“El Z-40” y “El Z-42”).

A las pocas horas alguien de esa unidad de la PF informó a los Treviño.

Reciben órdenes

La periodista Ginger Thompson estableció, en su reportaje Anatomía de una Masacre, que Cuéllar tenía la responsabilidad de conseguir para sus jefes celulares nuevos cada tres o cuatro semanas. Y Cuéllar había asignado esa tarea a su mano derecha, Héctor Moreno Villanueva, “El Negro”.

Uno de los testigos en los juicios realizados en Estados Unidos dijo que estaba con “El Z-40” cuando se enteró de la traición de Poncho Cuéllar, quien había cometido una traición previa tras fugarse a Estados Unidos, debiéndole 10 millones de dólares al “Z-40”.

Furioso, este ordenó “levantar” a todas las personas y bienes que “olieran” a Poncho Cuéllar. La pena de muerte incluía a los cercanos a Cuéllar, a Moreno y a otro asociado, José Luis Gaytán Garza, así como a hombres, mujeres, niños y ancianos estuvieran o no involucrados con el infidente.

Cuéllar, Moreno y Garza huyeron a Estados Unidos, donde los dos primeros se convirtieron en testigos protegidos de la DEA. Sin embargo, antes de partir, Cuéllar avisó a quienes trabajaban para él que escaparan, aunque se desconoce si alertó a su familia.

Por ello Los Zetas armaron un operativo en el norte de Coahuila que incluyó Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Morelos, Nava, Zaragoza y Villa Unión.

Poco después, los sicarios enviados a Allende recibieron la orden de “que fuéramos a checar todos los domicilios de la familia Garza (porque) los iban a levantar para matarlos”.

Los ejecutores se reforzaron con un número no determinado de internos del penal de Piedras Negras. A la fecha, la cifra de muertos y desaparecidos es un misterio, aunque es posible que se acerque a 300.

Responsabilidad, en parte, de EU

La CNDH facilitó a los estudiosos del Colmex los avances de su investigación sobre el caso Allende. Así, el primer visitador pidió al C4 las llamadas de Allende y Piedras Negras. Y encontró que, de Allende, con 22 mil habitantes, salieron 26 reportes; de Piedras Negras, con 152 mil habitantes, mil 425 llamadas. Es una proporción de 55 a 1. “Algo muy grave debió ocurrir en Piedras Negras”, concluyó.

Igual hacen referencia a la responsabilidad de Estados Unidos en el crecimiento de Los Zetas y en la violencia generada: La cárcel de Piedras Negras era una pieza importante en la maquinaria de Los Zetas, cuyo origen, poder y funcionamiento ha estado ligado de múltiples formas con Estados Unidos.

Ejemplo de ello es que las tropas de élite que fundaron el cártel fueron entrenadas por ese país, donde compran la droga que enriquece las arcas criminales. Desde allá les llegan de contrabando los suministros bélicos que les permiten aterrorizar y asesinar.

Para entender su responsabilidad, se deben mencionar los acuerdos en materia de seguridad entre los dos países.

Así, las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos, la trama revelada por Ginger Thompson, apunta a que un jefe de la DEA –cuya identidad oculta ese organismo– envió información muy delicada sobre los jefes Zeta a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal.

Él pensaba que tenían un amigo allí en quien podían confiar. Sin embargo, alguien de esa Unidad informó a Los Zetas del riesgo que corrían. Pese a ello, los Treviño Morales ordenaron la venganza relatada.

Sin evaluación

El acuerdo con México se ha visto afectado por la corrupción y por la infiltración. Pese a ello, ha habido un esfuerzo deliberado por silenciar los hechos y diluir la responsabilidad.

Según Thompson, el vocero de la DEA simplemente negó que su agencia tuviera las manos manchadas de sangre. La agencia tampoco hizo una evaluación interna sobre el papel jugado y no suspendió su relación con la Policía Federal. Además de ello, concedió el estatus de testigos protegidos a Alfonso Cuéllar y Héctor Moreno.

La Policía Federal guardó silencio y nunca se ha pronunciado al respecto.

Para los investigadores, “esto nos lleva a asegurar que la venganza es un claro ejemplo de violencia criminal binacional”.

Estrategia federal

El 9 de octubre pasado, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, escribió a la Corte Penal Internacional (CPI) una carta en respuesta al informe México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, donde se deslindaba.

“Con motivo de la situación delincuencial que estaba sufriendo el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, desde el 2009 y, como modelo de la estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, el centro estuvo militarizado…”.

Por otro lado, en los juicios realizados de Estados Unidos, el narcotraficante y exadministrador de producción para Televisa en Piedras Negras, Adolfo Efrén Tavira Alvarado, declaró que con Los Zetas no trabajaba todo el Ejército, pero sí ciertos grupos de este, aparte de que tenían acuerdos con la PF.

Por un reporte ciudadano se conoció que el 22 de marzo de 2011, una autoridad estatal en Saltillo supo lo que estaba pasando en Allende. (Con información de Proceso).

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